La jueza Avason Quinlan-Williams dictó la noche del domingo una orden que impide al Estado deportar a una madre y sus tres hijos, fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago.
La orden judicial determinó además que a la madre se le permitirá utilizar un teléfono celular para comunicarse con sus familiares y abogados.
La familia de cuatro miembros formaba parte del grupo de una veintena de venezolanos que fueron trasladados el pasado viernes de de la estación de policía de Erin tras su frustrada deportación y llevados a la instalación de cuarentena estatal en el helipuerto en Chaguaramas por un período de 14 días.
El resto de venezolanos del grupo permanecen en situación de cuarentena a la espera de una decisión judicial sobre su futuro.
Al mediático asunto de los 16 menores que desde hace días centra la atención informativa en Trinidad y Tobago siguió el anuncio el sábado del Ministerio de Seguridad Nacional de la deportación de 160 ciudadanos venezolanos, que entraron hace 60 días ilegalmente en el país.
Con información de EFE
