La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal mediante el cual se declarará culpable en el caso de corrupción que enfrenta desde agosto de 2022. Así consta en una moción presentada ante el tribunal federal el 16 de junio, en la que también se detalla que los coacusados Julio Martín Herrera Velutini, banquero venezolano, y Mark T. Rossini, exagente del FBI, se acogerán al mismo acuerdo.
Según el documento, la fiscalía formalizará una acusación con un solo cargo contra los tres acusados, como parte del entendimiento alcanzado. Las partes han solicitado al tribunal que programe una audiencia para formalizar las declaraciones de culpabilidad, y han pedido que la misma se lleve a cabo de forma virtual, debido a que dos de los coacusados residen fuera de Estados Unidos y enfrentan dificultades migratorias.
“Una audiencia virtual permitirá que este proceso continúe sin demoras innecesarias”, indica la moción, explicando que Herrera Velutini no puede ingresar al país actualmente por vencimiento de su visa.
Sin expresiones públicas por orden de mordaza
El portavoz de la exgobernadora, Juan A. Rosado, emitió declaraciones escritas en las que confirmó el acuerdo, aunque aclaró que Vázquez Garced no ofrecerá comentarios adicionales debido a que permanece en vigor una orden de mordaza impuesta por el tribunal.
“Reconozco el gran reto que esto representa al momento de lograr que trascienda la información exacta y fidedigna”, expresó Rosado. “El pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo y confiar en que, tan pronto sea posible, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced hará sus debidas expresiones, como siempre se ha caracterizado: con responsabilidad, transparencia y guiada por la verdad”.
Acusaciones y contexto del caso
El caso federal alega que, durante su mandato, Vázquez Garced habría participado en un esquema de corrupción que involucraba aportaciones a su campaña política a cambio de favores oficiales. En concreto, se le imputa haber nombrado a un comisionado de instituciones financieras que favorecía los intereses de Herrera Velutini, quien enfrentaba investigaciones por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Rossini, por su parte, habría facilitado conexiones estratégicas entre las partes implicadas, aprovechando su experiencia y contactos como exfuncionario federal.
La fecha original del juicio estaba programada para el 25 de agosto de 2025. No obstante, el fiscal federal del caso, Nicholas Warren Cannon, ya había anticipado que el juicio probablemente no se celebraría, en vista de las negociaciones en curso.
La jueza federal Silvia Carreño Coll había concedido recientemente una prórroga a los abogados defensores para la presentación de mociones, plazo que vencía el viernes 16 de junio. Esta extensión permitió a las partes culminar el acuerdo que ahora modifica el curso del proceso.
Con esta declaración de culpabilidad, se cierra uno de los casos de corrupción más notorios en la historia política reciente de Puerto Rico, marcando un giro en la trayectoria pública de quien fuera la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora por sucesión constitucional en 2019. Ahora queda por verse cuál será la sentencia acordada, que dependerá de la audiencia próxima y los términos establecidos entre las partes.
