Florida avanza con la construcción de un nuevo centro de detención para migrantes indocumentados en una zona remota del humedal de los Everglades, desatando preocupación entre organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y defensores de los derechos humanos.
El centro, impulsado por una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis y respaldado por el fiscal general del estado, James Uthmeier, está siendo edificado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, una pista de aterrizaje abandonada a unos 70 kilómetros al oeste de Miami. En un video compartido por Uthmeier en redes sociales, se lo ve caminando junto a policías armados y música de heavy metal de fondo, mientras declara: “Este es el mejor lugar: lo llamo el Alcatraz de los caimanes”.
Ubicado en medio de un humedal subtropical considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el proyecto ha generado fuertes críticas. La zona está rodeada por pantanos y canales habitados por caimanes y pitones, y según Uthmeier, esto reducirá la necesidad de seguridad física: “Si la gente escapa, no les espera mucho más que caimanes”.
Las obras ya comenzaron y un constante flujo de camiones transporta materiales de construcción, carpas y baños portátiles hasta el recinto. Se estima que el centro tendrá capacidad para más de 1.000 personas y estará operativo en julio.
El anuncio se da en el marco de una ofensiva migratoria promovida por el presidente Donald Trump, cuyo gobierno busca acelerar las deportaciones y expandir la capacidad carcelaria federal. Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reporta un récord de 59.000 migrantes detenidos en todo el país, superando en más del 140% su capacidad instalada.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han condenado la iniciativa, calificándola de “cruel y absurda”, y alertan que aislar a personas en un entorno inhóspito podría agravar las ya difíciles condiciones de detención. “Incluso los centros urbanos tienen antecedentes de negligencia médica y maltrato. Este centro remoto solo aumentará esos riesgos”, advirtió la organización.
Rechazo a la construcción
En la zona también residen miembros de la comunidad indígena Miccosukee. Una de sus representantes, Betty Osceola, expresó su oposición tanto por el impacto ambiental como por el trato que recibirán los migrantes. “Esto no será algo temporal. Podría durar meses o años”, afirmó durante una protesta pacífica en la entrada del recinto.
La alcaldesa demócrata de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cuyo condado es dueño de la pista de aterrizaje, también ha manifestado reservas. En una declaración enviada a los medios, su oficina indicó que todavía no ha recibido respuestas del gobierno estatal sobre las autorizaciones ambientales ni detalles técnicos del proyecto.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el centro será financiado parcialmente por el Programa de Refugio y Servicios de FEMA. Según Noem, el proyecto representa una “forma rentable e innovadora” de cumplir con la promesa de deportaciones masivas bajo la nueva administración republicana.
Mientras tanto, comunidades migrantes en el sur de Florida reportan un clima de creciente temor. Muchos prefieren no salir de sus hogares ante el riesgo de ser detenidos y enviados a instalaciones como esta.
A medida que avanza la construcción, el “Alcatraz de los caimanes” se perfila como un nuevo emblema de la política migratoria del país, en medio de un tenso debate sobre derechos humanos, federalismo y protección ambiental.
