La administración del presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles, acusándola de interferir con la aplicación de las leyes migratorias mediante sus políticas de “ciudad santuario”.
La querella fue presentada en el Tribunal del Distrito Central de California y apunta directamente a la alcaldesa Karen Bass, al Concejo Municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson, todos demócratas. En el documento, el gobierno alega que la ciudad tomó medidas para reforzar su estatus de santuario tras la elección de Trump en 2024, cuyo discurso de campaña incluía promesas de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
Entre las principales objeciones del gobierno federal está la ordenanza municipal denominada “Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement”, firmada por Bass en diciembre de 2024. Esta medida prohíbe que las agencias federales de inmigración —como ICE o CBP— utilicen recursos municipales para llevar a cabo detenciones o redadas dentro de los límites de la ciudad.
En la mira ciudad santuario
Según la demanda, esta política busca “obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración”. En un comunicado, el fiscal federal Bill Essayli, del Distrito Central de California, aseguró: “Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la aplicación de la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la Ciudad ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”.
El gobierno acusa a la ciudad no solo de negarse a cooperar con las autoridades migratorias, sino también de incurrir en discriminación al impedir que los funcionarios federales accedan a recursos locales. Además, la demanda sostiene que las políticas locales habrían alentado actos de resistencia, incluyendo episodios violentos contra agentes durante operativos migratorios recientes.
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Esta acción legal llega en medio de una nueva oleada de operativos migratorios en California, que ya lleva cuatro semanas y ha desatado protestas en diversas comunidades. La tensión escaló cuando el presidente Trump ordenó el despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional en el estado, sin el consentimiento del gobernador, en una medida sin precedentes en los últimos 60 años.
A pesar de la reciente oficialización del estatus de Los Ángeles como ciudad santuario, la Policía local ha mantenido desde hace casi cinco décadas una política que prohíbe a sus oficiales detener o interrogar a una persona únicamente para determinar su situación migratoria.
La demanda ahora abre un nuevo frente legal en el ya complejo debate nacional sobre el papel de los gobiernos locales frente a la autoridad federal en materia de inmigración.
