La jueza federal Silvia Carreño-Coll expresó fuertes críticas hacia la decisión del Departamento de Justicia de Puerto Rico de retirar los cargos graves de soborno y fraude contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y sus coacusados, para imputarles únicamente un delito menor relacionado con la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA). Además, la magistrada denegó una solicitud para que las vistas judiciales se realizaran de forma virtual.
En su orden emitida este martes, Carreño-Coll advirtió que “la pena por violar esta sección es un simple tirón de orejas comparado con lo que enfrentaban antes”, aunque aclaró que, “constitucionalmente, el tribunal no puede intervenir en la discreción fiscal”.
Originalmente, Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini enfrentaban hasta 20 años de prisión por un supuesto esquema de soborno en 2020, destinado a destituir a un regulador bancario. Sin embargo, ahora sólo se les imputa un cargo menor por aceptar aportaciones de extranjeros a campañas políticas.
De acuerdo con un informe de Bloomberg Law la semana pasada, la reducción de cargos se produjo tras instrucciones de altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, que ordenaron negociar un acuerdo menos severo antes del juicio programado para agosto. El medio destacó que la defensa alegó que el caso podría ser un ejemplo de “weaponized prosecution” o persecución penal politizada, lo que habría influido en el cambio de estrategia de la fiscalía.
Entre los abogados defensores se encuentra Christopher Kise, quien fue parte del equipo legal del presidente Donald Trump en casos de alto perfil, incluyendo investigaciones relacionadas con documentos clasificados y litigios sobre sus negocios. Kise se incorporó a la defensa de Herrera Velutini.
La jueza también rechazó la solicitud de los acusados para comparecer por videoconferencia, ordenando que las vistas de lectura de cargos y alegación de culpabilidad se realicen de manera presencial. En su fallo, enfatizó que, aunque se trate de un delito menor, “es un acto que lacera la integridad de nuestro proceso democrático y representa un ataque directo a un principio fundamental de nuestra sociedad: elecciones libres y justas”.
Las partes tienen hasta el 15 de julio para presentar un calendario conjunto para las próximas vistas. Este acuerdo ha generado controversia sobre la independencia del proceso penal y el posible impacto político para la exgobernadora, luego de reportes que señalan la intervención de altos funcionarios del Departamento de Justicia federal para modificar la dirección del caso en Puerto Rico.
