El Gobierno de Puerto Rico activó formalmente el proceso contemplado en el contrato con LUMA Energy que podría derivar en la terminación del acuerdo de operación y mantenimiento del sistema eléctrico (T&D OMA). La acción se concretó este martes, 22 de julio, con la emisión de una Notificación de Disputas, firmada por el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón Ortiz.
En el documento reseñado por Metro PR, de más de 80 páginas, la AAPP plantea múltiples incumplimientos contractuales que —según se detalla— han comprometido la estabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la ejecución de fondos federales y la continuidad del servicio eléctrico en la isla.
“Las promesas de pericia mundial y disciplina financiera no solo no se han cumplido; se han transformado en nuevas crisis de liquidez, transparencia y confianza pública”, señala la carta dirigida al presidente de LUMA, Juan Saca.
Entre los señalamientos principales, el gobierno sostiene que LUMA ha fallado en asegurar el reembolso de fondos federales asignados a la reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso de huracanes, obligando a la AEE a adelantar más de 500 millones de dólares de sus propios recursos. De los aproximadamente 10,000 millones disponibles, LUMA ha gestionado $345 millones, mientras que la AEE ha logrado obtener más de $1,300 millones por su cuenta.
Además, se cuestiona la solicitud de un aumento tarifario provisional del 32.75% planteado por LUMA, que —según la notificación— busca que los consumidores financien por adelantado proyectos ya cubiertos por fondos federales.
“LUMA quiere que los consumidores prepaguen trabajos capitales que el gobierno federal ya está dispuesto a reembolsar. P3A rechaza esa premisa de plano”, indica el documento.
Otra preocupación señalada es el uso de empleados “seconded”, provenientes de una de las empresas socias de LUMA (Quanta), en proyectos financiados con fondos federales. Según la AAPP, esta práctica podría violar normas de contratación federal y poner en riesgo la elegibilidad de dichos proyectos para recibir financiamiento de FEMA.
La carta establece un plazo de 10 días laborables para que LUMA atienda los siguientes requerimientos:
- Detener el uso de empleados seconded en proyectos con fondos federales
- Presentar un plan de recortes de gastos por al menos $36.4 millones para el año fiscal 2026
- Reconciliar los adelantos de capital realizados
- Entregar un cronograma actualizado de proyectos financiados por FEMA
- Reembolsar a la AEE los fondos adelantados desde junio de 2024
- “El pueblo de Puerto Rico, y el Gobierno que lo representa, están hartos”, se lee en la misiva.
De no cumplirse con estas exigencias, el gobierno podría proceder con la rescisión del contrato conforme al Artículo 15 del T&D OMA.
Reacción de LUMA Energy
En respuesta, LUMA Energy emitió declaraciones escritas expresando su disposición a participar en el proceso de resolución de disputas previsto en el contrato.
“Damos la bienvenida a este proceso estructurado y estamos listos para comenzar el período de negociación, según lo que establece el OMA. Las herramientas contenidas en el contrato están diseñadas para resolver este tipo de controversias en favor de nuestros 1.5 millones de clientes”, expresó la empresa.
Asimismo, LUMA defendió su gestión, alegando que ha operado con menos del 30% de los fondos necesarios, debido a retrasos en la transferencia de recursos por parte de la AEE.
“A pesar de la retención de fondos por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica que afecta nuestra operación y pone en riesgo la seguridad del sistema, seguimos enfocados en superar los retos históricos de la red eléctrica. Estas deficiencias de fondos tienen un impacto real y evidenciado en el servicio que reciben nuestros clientes”, añadió la compañía.
