El más reciente Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece un retrato especialmente grave de la situación en Venezuela, advirtiendo que las libertades fundamentales han alcanzado “un nuevo mínimo histórico” tras una oleada de abusos generalizados y represión auspiciada por el Estado. El deterioro, subraya el documento, se intensificó después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se mantuvo en el poder pese a fuertes cuestionamientos internos y externos.
Según el reporte, existen pruebas creíbles de un repunte dramático en homicidios arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas y condiciones carcelarias inhumanas. Organismos internacionales y ONG documentaron severas restricciones a la libertad de prensa, con periodistas y defensores de derechos humanos enfrentando arrestos, hostigamiento, censura y confiscación de equipos. El poder judicial, añade el informe, permanece cooptado y sin capacidad para responsabilizar a los perpetradores.
La Misión Internacional de Investigación de la ONU señaló que, solo en los primeros días tras los comicios, al menos 25 personas —incluidos dos menores— fueron asesinadas en incidentes vinculados a la represión. El documento también denuncia que medios privados y opositores fueron intimidados mediante amenazas, procesos judiciales y confiscación de bienes.
En paralelo, el Departamento de Justicia de EE. UU., con apoyo del Departamento de Estado, elevó la recompensa por la captura de Maduro de 25 a 50 millones de dólares. La fiscal general Pam Bondi lo acusó de liderar una de las redes de narcotráfico más peligrosas del mundo, con vínculos con el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y el llamado Cártel de los Soles. Informes de la DEA apuntan a la incautación de 30 toneladas de cocaína relacionadas con el mandatario y su entorno, de las cuales casi siete toneladas estarían directamente vinculadas a él.
El informe subraya que no existen esfuerzos creíbles por parte de las autoridades venezolanas para investigar o procesar a miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales implicados en violaciones de derechos humanos, lo que alimenta una cultura de impunidad.
Maduro, procesado en 2020 por un tribunal de Manhattan bajo cargos de narcoterrorismo, continúa en el poder pese a que Estados Unidos y gran parte de Europa reconocen a su oposición como legítima ganadora de las elecciones de 2024. Según el Departamento de Estado, el patrón de abusos en Venezuela no solo se mantiene, sino que se ha agravado, consolidando al país como uno de los casos más críticos de represión estatal en el hemisferio occidental.
