La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deberá elaborar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, la cual deberá incluir alternativas de energía renovable.
Así lo dispuso el juez Jay A. García-Gregory, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al resolver una demanda presentada por grupos conservacionistas y comunitarios que denunciaron la falta de evaluación de opciones de energía limpia en los planes federales de reconstrucción.
En su decisión, el tribunal determinó que FEMA violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al no analizar adecuadamente las alternativas de energía renovable distribuida dentro de su Programa de Evaluación Ambiental de Servicios Públicos (Utilities PEA). La sentencia describe la actual infraestructura eléctrica de la isla, altamente dependiente de los combustibles fósiles, como “inadecuada, poco fiable y extremadamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos”.
El juez García-Gregory advirtió además que mantener el financiamiento de proyectos basados en combustibles fósiles podría obstaculizar la transición de Puerto Rico hacia fuentes de energía renovable en el corto plazo.
Aunque la orden judicial no obliga a FEMA a adoptar directamente una alternativa renovable, sí requiere que la agencia realice un análisis exhaustivo mediante una EIS, en el que se evalúen las propuestas presentadas durante el proceso de comentarios públicos. El tribunal destacó que dichas alternativas eran “razonables y viables”, por lo que debieron ser consideradas.
La sentencia enfatiza que la preparación de una EIS es “esencial para garantizar que la decisión final se base en todos los factores relevantes” y que se incluyan medidas de mitigación adecuadas.
Reacciones al fallo
La decisión judicial fue celebrada por organizaciones ambientales y comunitarias que participaron en la demanda.
“La decisión rompe con la idea errónea de que solo hay una forma de transformar el sistema eléctrico”, sostuvo Federico Cintrón Moscoso, de El Puente de Williamsburg y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas. A su juicio, el fallo reconoce la viabilidad de un sistema renovable y distribuido y valida el derecho de los puertorriqueños a contar con un sistema energético limpio y accesible.
Por su parte, Lydia M. Díaz Rodríguez, presidenta del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida (YUCAE), consideró que la orden judicial de realizar un análisis detallado “es fundamental para la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles”.
Desde el Centro para la Diversidad Biológica, su director legal del programa de justicia energética, Howard Crystal, criticó la estrategia federal actual:
“No tiene sentido que FEMA gaste miles de millones en mantener una red centralizada basada en combustibles fósiles que falla constantemente”.
La abogada Ruth Santiago coincidió en que los fondos de recuperación representan “una oportunidad única para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico”.
El caso se relaciona con el uso de fondos de reconstrucción tras el huracán María (2017). Los demandantes alegaron que FEMA planeaba destinar al menos 12.000 millones de dólares a proyectos que perpetuarían la dependencia de combustibles fósiles en la isla durante décadas.
El fallo también señala que los planes de FEMA entran en conflicto con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico de 2019, que establece como meta alcanzar un 100 % de generación de energía renovable para el año 2050.
La decisión del juez García-Gregory llega en un contexto de alta vulnerabilidad del sistema eléctrico puertorriqueño, marcado por apagones recurrentes y una interrupción masiva registrada tras el paso cercano del huracán Erin en agosto de 2025.
Entre los demandantes figuran el Centro para la Diversidad Biológica y ocho organizaciones comunitarias puertorriqueñas.
