La Fiscalía federal recomendó este lunes una pena de 12 meses de prisión para la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, al concluir que su conducta durante el ciclo electoral de 2020 —al aceptar una contribución prometida por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini— constituyó una grave violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) y un daño incalculable a la confianza pública en la integridad del proceso democrático.
“Vázquez corrompió el proceso electoral de Puerto Rico al aceptar aportaciones prometidas por un extranjero. La magnitud del daño intangible causado a la gente de Puerto Rico exige un término de encarcelamiento”, sostuvo la Fiscalía en su memorando de sentencia, radicado ante la jueza Silvia L. Carreño Coll.
El documento, presentado por el fiscal federal W. Stephen Muldrow y los fiscales asistentes Seth A. Erbe y Myriam Y. Fernández González, solicita que la exmandataria sea sentenciada a 12 meses de prisión, un período de libertad supervisada y una multa a discreción del tribunal.
La vista de sentencia está programada para el 15 de octubre en la sala 6 del Tribunal Federal en Hato Rey, aunque la defensa presentó una moción para posponerla, alegando que el informe presentencia (PSR) incluye referencias a la acusación original de 2022, la cual será desestimada como parte del acuerdo de culpabilidad.
Acuerdo de culpabilidad y antecedentes del caso
El pasado 27 de agosto, Vázquez Garced se declaró culpable de un único cargo menor por aceptar una promesa de contribución de campaña de un extranjero, en violación de la sección 30121 del Título 52 del Código Federal.
El acuerdo con la Fiscalía eliminó los cargos más severos de conspiración, soborno y fraude electrónico incluidos en la acusación inicial de 2022. A cambio, la exgobernadora admitió haber aceptado la promesa de una aportación valorada entre 15.000 y 25.000 dólares, que sería canalizada a través de una firma consultora y de un SuperPAC dirigido por el consultor político Dane Waters.
Según el Ministerio Público, Herrera Velutini buscaba que Vázquez interviniera para detener una auditoría de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) a su banco, Bancrédito, y que nombrara a Víctor Rodríguez Bonilla como comisionado de la agencia. En mayo de 2020, la entonces gobernadora efectivamente designó a Rodríguez Bonilla, luego de varias semanas de intercambios entre asesores y allegados al banquero.
Fundamentos de la solicitud fiscal
La Fiscalía justificó su recomendación de prisión no solo por la gravedad del delito, sino porque, tras declararse culpable, Vázquez minimizó su responsabilidad ante la prensa, alegando que su actuación “no tenía nada que ver con su función como gobernadora”.
El Ministerio Público señaló que esas expresiones “contrastan con una genuina aceptación de responsabilidad” y defendió la necesidad de imponer “un castigo ejemplar que disuada a otros funcionarios de incurrir en corrupción electoral”.
“Un delito de esta naturaleza socava la confianza del pueblo en sus instituciones y debe tener consecuencias reales”, advirtió la Fiscalía.
Durante la audiencia de alegación de culpabilidad, la fiscal Myriam Y. Fernández González precisó que, aunque la defensa puede solicitar probatoria, el gobierno tiene derecho a pedir una pena de prisión dentro del rango de seis a doce meses que establecen las guías federales.
