La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, retomó este martes la discusión sobre la posibilidad de establecer plantas nucleares en Puerto Rico, en el marco de la Resolución de la Cámara 400.
La medida busca evaluar la viabilidad, conveniencia y seguridad de las nuevas tecnologías modulares para la generación de energía eléctrica, en un contexto en el que la isla continúa buscando alternativas para diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
La vista pública, celebrada en el Capitolio, contó con la participación de representantes de LUMA Energy, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Asociación de Industriales de Puerto Rico y el colectivo técnico The Nuclear Alternative Project (NAP). Aunque la mayoría de las ponencias coincidieron en la necesidad de diversificar la producción energética, varios de los participantes advirtieron sobre los retos económicos, regulatorios y de percepción pública que conllevaría la implementación de energía nuclear en la isla.
Evaluación técnica y antecedentes históricos
El DDEC, a través de su Programa de Política Pública Energética, recordó que el debate sobre la energía nuclear en Puerto Rico no es nuevo, ya que desde la década de 1980 la Asamblea Legislativa ha impulsado estudios similares.
En su ponencia, la agencia destacó que, aunque la energía nuclear no es renovable, no emite gases de invernadero y permite producir electricidad a bajo costo, sus posibles beneficios deben analizarse con cautela debido a los riesgos sísmicos, el manejo de desechos radiactivos y los altos costos de construcción asociados a este tipo de proyectos.
El DDEC enfatizó que las conclusiones de estudios previos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes han coincidido en que Puerto Rico debe priorizar el fortalecimiento de las energías renovables y la modernización del sistema eléctrico, antes de contemplar la posibilidad de una planta nuclear.
LUMA Energy: rol técnico y limitaciones
Por su parte, LUMA Energy aclaró que no tiene jurisdicción sobre la política pública de generación, aunque reconoció que, de aprobarse un proyecto nuclear, desempeñaría un rol técnico esencial.
“LUMA llevaría a cabo evaluaciones como el Feasibility Study y el System Impact Study para garantizar que cualquier proyecto futuro, incluyendo uno de energía nuclear, pueda integrarse de manera segura y eficiente al sistema eléctrico existente”, señaló la empresa.
Sin embargo, LUMA recordó que los análisis realizados durante la elaboración del Plan Integrado de Recursos (PIR) ya consideraron la opción nuclear, concluyendo que su alto costo y limitada disponibilidad comercial la convertían en una alternativa poco viable para Puerto Rico en el corto plazo.
Sector privado: apuesta por fortalecer el sistema actual
La Asociación de Industriales de Puerto Rico respaldó la apertura al debate, pero coincidió en que la energía nuclear no constituye una solución inmediata a la crisis energética del país.
Su presidente, Rafael Vélez Domínguez, subrayó que los esfuerzos deben centrarse en modernizar y automatizar la red de transmisión y distribución, reemplazar infraestructura obsoleta y promover tecnologías de generación eficiente combinadas con fuentes renovables y sistemas de almacenamiento.
“Apostar por la energía nuclear sin resolver primero los problemas estructurales de la isla sería como construir una casa sobre cimientos de arena”, puntualizó Vélez Domínguez.
NAP defiende nuevas tecnologías modulares
La posición más favorable provino del Nuclear Alternative Project (NAP), un grupo de ingenieros puertorriqueños con experiencia en la industria nuclear estadounidense. Su ponencia destacó las ventajas de los reactores modulares de nueva generación, que cuentan con refrigeración pasiva, zonas de emergencia reducidas y mayor resiliencia ante desastres naturales.
“Las redes eléctricas con mayor diversidad de fuentes logran una mayor confiabilidad, resiliencia y estabilidad de costos. La incorporación de energía nuclear junto con la solar, la eólica y la infraestructura de gas existente fortalecería una base energética baja en carbono”, sostuvo la organización.
El NAP también resaltó la necesidad de educación pública sobre el tema, señalando que, según una encuesta realizada en 2020, el 93 % de los puertorriqueños mostró disposición a conocer más sobre los beneficios potenciales de la energía nuclear, priorizando criterios como salud, medioambiente y reducción de costos.
Próximos pasos legislativos
El presidente de la Comisión, Joel Franqui Atiles, aclaró que el objetivo de la resolución no es promover de inmediato la construcción de una planta nuclear, sino recolectar información técnica y científica que sirva como base para futuras decisiones energéticas.
La Resolución de la Cámara 400 ordena recopilar datos sobre seguridad, tecnología y costos, además de analizar las implicaciones de política pública y las posibles enmiendas a la Ley de Política Energética.
“Este proceso busca información rigurosa, no decisiones apresuradas. Puerto Rico necesita discutir su futuro energético con base en evidencia técnica y científica, no en percepciones o temores”, concluyó Franqui Atiles.
