La representante por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas Laureano, denunció este domingo la cancelación de contratos a empleados federales en Puerto Rico como consecuencia directa del cierre del Gobierno federal bajo la administración del presidente Donald Trump.
En declaraciones escritas, la legisladora señaló que una comunicación enviada por la empresa Atento Puerto Rico a personal del Programa Funerario COVID de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirma la cancelación inmediata de contratos temporales, medida que podría dejar sin ingresos a cientos de familias puertorriqueñas.
“Estamos viendo cómo familias trabajadoras puertorriqueñas, que dependen de fondos o contratos federales, quedan desprovistas de ingresos de un día para otro. No podemos permitir que sean las víctimas silenciosas de un conflicto presupuestario en Washington”, advirtió Vargas Laureano.
Proyecto de ley para mitigar el impacto
Ante la situación, la representante solicitó la pronta aprobación del Proyecto de la Cámara 893 (P. de la C. 893), radicado el 3 de octubre de 2025 por la delegación del PPD. La medida propone crear la “Ley de Alivio Económico y Asistencia Directa a Empleados Federales Durante Cierres Gubernamentales”, con el propósito de ofrecer apoyo temporero a los trabajadores afectados por la paralización de operaciones federales.
El proyecto incluye, entre otras disposiciones:
- Moratorias en el cobro de préstamos hipotecarios y de vehículos de motor.
- Suspensión de pagos de agua, energía eléctrica y deudas con el Departamento de Hacienda y el CRIM.
- Acceso ágil al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y al seguro por desempleo administrado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
- Suspensión mínima de tres meses en los litigios de cobro de dinero contra empleados federales afectados.
“Puerto Rico no puede quedarse de brazos cruzados
La representante enfatizó que la Isla debe actuar con urgencia para proteger a las familias que dependen de programas federales esenciales.
“Puerto Rico no se puede quedar de brazos cruzados. Es responsabilidad de esta administración proteger a las familias de quienes sirven en programas federales esenciales en Puerto Rico. Al final del día, esto nos afecta a todos”, concluyó Vargas Laureano.
