El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió este miércoles la legalidad de los ataques realizados por sus fuerzas armadas contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 76 personas muertas en las últimas semanas.
Un portavoz del Departamento aseguró que las operaciones fueron “ordenadas de acuerdo con las leyes de conflicto armado” y que, por tanto, los militares involucrados “no pueden ser procesados judicialmente” por cumplir órdenes lícitas.
“El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes legales y, como tal, no puede ser procesado”, indicó el portavoz en declaraciones a la prensa.
Según The Washington Post, el Departamento de Justicia redactó en julio un informe clasificado que establece la base legal de los ataques y garantiza inmunidad a los participantes ante posibles procesos futuros.
La administración de Donald Trump notificó al Congreso que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado” con los carteles de la droga latinoamericanos, a los que ha descrito como organizaciones terroristas, en el marco de su estrategia de lucha contra el narcotráfico.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Washington a investigar la legalidad de estas operaciones, al considerar que existen “fuertes indicios” de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
“Las acciones contra presuntos traficantes deberían enmarcarse en operaciones de aplicación de la ley, no en un contexto militar”, advirtió Turk en una entrevista con agencias internacionales. “El uso de fuerza letal tiene que ser el último recurso frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo”, añadió.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que el ataque más reciente tuvo lugar el fin de semana pasado en el Pacífico, con un saldo de seis muertos.
El gobierno de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro es acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense, denunció que el aumento de la presencia militar de EE.UU. en la región forma parte de “un complot” para desestabilizar su país.
Mientras Washington insiste en que sus acciones se ajustan al derecho internacional, organismos internacionales y defensores de derechos humanos alertan sobre el riesgo de que la llamada “guerra contra las drogas” derive en una escalada de violencia y vulneraciones graves al derecho humanitario.
