Los abogados de uno de los coacusados en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, junto con la Fiscalía federal, reiteraron ayer, martes, su petición para que el banquero Julio Herrera Velutini sea sentenciado a finales de enero.
Se trata de la segunda solicitud en esa dirección, aunque es la primera ocasión en que la Fiscalía se une al pedido. En la moción anterior, la jueza federal Silvia Carreño Coll había accedido a mover la fecha de sentencia del 10 de diciembre al 8 de enero.
Pese a ese cambio, la defensa presentó una nueva moción conjunta con la Fiscalía, esta vez acompañada de documentación médica. La moción establece: “Comparecen ahora los Estados Unidos y el acusado, Julio M. Herrera-Velutini, por medio de sus respectivos abogados, y reiteran conjuntamente su solicitud de una orden para aplazar la audiencia de sentencia, actualmente programada para el 8 de enero de 2026, al 27, 28 o 29 de enero de 2026″.
Según se expone, la razón del pedido no está relacionada directamente con Herrera Velutini, sino con uno de sus representantes legales. Los documentos médicos incluidos permanecen sellados y no pueden ser consultados por el público.
Actualmente, la exgobernadora, el banquero y el exagente federal Mark Rossini están programados para ser sentenciados el 8 de enero, en relación con el caso que se inició en agosto de 2022.
La acusación contra Vázquez Garced sostiene que Herrera Velutini y Rossini presuntamente le ofrecieron apoyo financiero para su campaña de 2020 a cambio de que utilizara su influencia política para destituir al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, debido a una investigación en curso sobre Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini.
En febrero de 2020, Joyner Kelly renunció, supuestamente bajo presiones, y la exgobernadora nombró en su lugar a Víctor Rodríguez Bonilla, alegadamente recomendado por Herrera Velutini para dirigir la OCIF. Según la acusación, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000 —en forma de un estudio o encuesta de campaña— por facilitar el cambio de mando.
El caso no llegó a juicio, ya que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables de violar leyes electorales, específicamente la sección 30121 del Título 52 del Código de los Estados Unidos, perteneciente a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), que prohíbe que corporaciones y sindicatos realicen contribuciones o gastos para beneficiar campañas federales o partidos políticos.
También fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos se declararon culpables y colaboraron con las autoridades, pero aún no han sido sentenciados.
