El Gobierno de Puerto Rico presentó este martes una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar la nulidad de la extensión del contrato que mantiene a LUMA Energy a cargo de la transmisión y distribución de electricidad en la isla, una gestión que ha sido duramente cuestionada por amplios sectores del país.
Según el recurso judicial reseñados por agencias, el Ejecutivo busca que el tribunal declare inválida una extensión indefinida del contrato interino mediante el cual LUMA continúa operando el sistema eléctrico, al considerar que dicha ampliación excede la autoridad legal otorgada y vulnera el interés público. El documento sostiene que la empresa opera más allá de las facultades delegadas, invadiendo atribuciones que corresponden al Estado.
La gobernadora Jenniffer González confirmó además que el Gobierno elevó el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una certificación presentada por el procurador general, con el fin de que la controversia sea atendida con carácter prioritario. En declaraciones a la prensa, González explicó que el objetivo es obtener una sentencia declaratoria que deje sin efecto la enmienda contractual firmada en 2022.
La mandataria afirmó que el Gobierno solicita que se declare “nula, inválida y sin efecto jurídico” la carta de extensión del contrato, al entender que esta mantiene al país atado indefinidamente a LUMA sin los mecanismos de fiscalización previstos originalmente. A juicio del Ejecutivo, el acuerdo crea una relación contractual que podría extenderse por más de 50 años, sin la debida aprobación legislativa.
En la demanda se señala que la carta suscrita el 30 de noviembre de 2022 entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA es contraria a la ley y a la política pública, y deja al Gobierno sin herramientas efectivas para proteger a los consumidores y al interés general.
González sostuvo que esta acción legal responde, entre otros factores, a intentos de LUMA de trasladar el litigio fuera de Puerto Rico. “Mi responsabilidad es proteger la salud, la seguridad y la economía del pueblo. No estoy aquí para defender consorcios privados”, afirmó la gobernadora, quien subrayó que el Ejecutivo busca restablecer el marco legal que permita a la APP retomar el control del proceso contractual.
La demanda también solicita allanar el camino para una transición ordenada que ponga fin a la operación de LUMA, incluyendo el cese del contrato de transmisión y distribución eléctrica. Según el Gobierno, el acuerdo actual viola principios del derecho contractual y del Código Civil de Puerto Rico, al otorgar facultades excesivas a la empresa sin salvaguardas para el Estado.
Esta nueva acción judicial se suma a la presentada la semana pasada por la APP y la AEE, que solicitaron igualmente la cancelación del contrato ante el Tribunal de San Juan.
El conflicto se desarrolla en un contexto de profunda fragilidad del sistema eléctrico puertorriqueño, severamente afectado desde el huracán María en 2017. Desde que LUMA asumió operaciones en junio de 2021, la isla ha registrado apagones recurrentes, algunos de gran escala y larga duración, además de aumentos en la factura eléctrica, factores que han alimentado el descontento ciudadano con la compañía.
