En una decisión histórica para Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. La jueza del caso también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, según un documento filtrado a la prensa.
Con esta decisión, Uribe se convierte en el primer exmandatario colombiano en ser condenado y privado de la libertad.
El exgobernante, que presidió el país entre 2002 y 2010, fue hallado culpable de obstruir la justicia y manipular testigos para evitar ser vinculado con grupos paramilitares. La jueza determinó que Uribe lideró una estrategia para que testigos cambiaran sus declaraciones bajo presión, durante un juicio que inició en 2024.
Horas antes de conocerse la condena, Uribe escribió en la red X que se refugia “en sus seres queridos y fundamentalmente en la oración”. Tras el fallo, su defensa anunció que apelará la decisión, la cual consideran politizada y producto de la presión del gobierno actual.
Enfrentamiento con Petro y proceso de apelación
Uribe y el presidente Gustavo Petro han protagonizado numerosos choques públicos sobre este caso. Este viernes, los abogados del exmandatario presentaron una denuncia contra Petro ante una comisión de la Cámara de Representantes, acusándolo de “hostigamiento y calumnia”. Según los abogados, el presidente lanzó “acusaciones infundadas” contra Uribe, incluyendo señalamientos por narcotráfico.
La apelación del fallo llevará el caso al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 16 de octubre para ratificar o revocar la condena. Si no se emite una decisión antes de esa fecha, el proceso será archivado.
Uribe manifestó: “Y hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”.
El origen del caso
El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de promover falsos testimonios sobre presuntos vínculos del expresidente con el paramilitarismo. Sin embargo, en 2018, la Corte dio un giro e inició una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos para perjudicar a Cepeda.
En 2020, Uribe renunció al Senado, lo que le hizo perder su fuero parlamentario y trasladó el caso a la justicia ordinaria.
La sentencia llega en un momento clave para el panorama político de Colombia, con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, buscará recuperar el poder, pero la condena podría afectar la percepción pública.
Del otro lado del espectro político, la izquierda ve en esta coyuntura una oportunidad para fortalecer figuras como la de Iván Cepeda, quien recientemente expresó en una entrevista con el periodista Daniel Coronell que siempre fue “reacio” a aspirar a la presidencia, pero que los últimos acontecimientos lo “obligan a pensarlo”.
