La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) nombró hoy al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Policía Nacional Bolivariana como dos de las fuerzas de seguridad cuyos miembros han cometido, presuntamente, crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El tribunal hizo público un informe anual en el que enumera delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
“La información disponible indica que personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores (…) o de personas percibidas como tales, principalmente actuando en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo la Fiscalía.
Otros cuerpos que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017, serían la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana.
Es la primera vez que la oficina dirigida por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, especifica por su nombre qué fuerzas del orden del país caribeño están bajo sus pesquisas.
La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre las innumerables denuncias contra la dictadura de Maduro, luego de que recibiera una remisión por parte de un grupo de países que forman parte del Estatuto, como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. “Los Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas”.
El informe, de 153 páginas, urge a tomar acciones internacionales contra la dictadura chavista y critica lo que considera la inacción de la Corte Penal Internacional con respecto a las denuncias elevadas contra la dictadura chavista.
La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, indicó en su reporte que está en pleno contacto con las autoridades venezolanas, a quienes en varias oportunidades ha realizado preguntas sobre diferentes procesos, y ha solicitado documentación y pruebas.
