Han pasado ocho meses desde que Nicolás Maduro aseguró que Venezuela “retomaría el camino de los criptoactivos”, tras el escándalo de corrupción que sacudió a la industria petrolera y criptográfica del país en 2023. Sin embargo, a día de hoy no se han materializado avances concretos en esa dirección, y el panorama sigue marcado por la incertidumbre, la desconfianza institucional y la parálisis regulatoria.
Un escándalo que dejó huella
La promesa de Maduro de revivir la ruta de las criptomonedas surgió en el contexto del caso PDVSA-Cripto, una trama de corrupción multimillonaria que implicó a altos funcionarios del Estado. Entre ellos, el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, señalado como líder de una operación que canalizaba divisas provenientes de la venta de crudo hacia criptomonedas, ocultando así ingresos del país. Parte de esos fondos habrían sido enviados al exchange internacional Kraken, lo que evitó que los recursos ingresaran a las arcas nacionales.
El caso también salpicó a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), que, según las investigaciones, facilitó la conversión de esos fondos irregulares. En respuesta, el Ejecutivo destituyó y ordenó la detención de Joselit Ramírez, entonces jefe del ente, e inició un proceso de reestructuración que, hasta hoy, sigue sin resultados públicos ni operatividad visible.
Cuando Maduro habló de “retomar el camino”, aludía también al fallido intento del Petro, la criptomoneda estatal lanzada en 2018. Diseñada como una alternativa al dólar y al bolívar, con respaldo teórico en las reservas petroleras, el Petro nunca logró generar confianza ni adopción. Pese a su impulso oficial, la población y las empresas lo rechazaron, principalmente por la falta de transparencia, su opaca estructura tecnológica y la imposibilidad de convertirlo libremente en otras monedas. Para 2024, el Petro prácticamente había desaparecido.
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Este antecedente dejó una herida profunda en la percepción pública sobre los proyectos cripto del Estado. En contraste, muchas personas en Venezuela han optado por Bitcoin u otras monedas descentralizadas como herramienta de resguardo de valor frente a la inflación y la inestabilidad monetaria.
Uno de los sectores más afectados por la crisis regulatoria es el de la minería de criptomonedas. Desde 2023, el gobierno ha intensificado la incautación de equipos mineros, bajo el argumento de proteger el sistema eléctrico nacional. Según cifras del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, hasta mediados de 2024 se habían decomisado más de 11.000 máquinas en su estado. El mensaje fue claro: en algunas regiones, esta actividad está “absolutamente prohibida”.
A pesar de que la reestructuración de Sunacrip debía completarse en un plazo de seis meses, no hay información oficial sobre su conclusión ni señales de un marco normativo renovado. Esto mantiene al sector en un limbo legal, donde los usuarios, empresas y mineros operan en un entorno riesgoso y sin garantías.
Fraudes y estafas: el otro rostro del vacío institucional
La falta de claridad regulatoria ha facilitado el auge de estafas masivas relacionadas con criptoactivos. En 2024 colapsó SolesBot, afectando a cientos de venezolanos, y poco después la plataforma HV IJEX hizo lo mismo. Esta última captó fondos de cerca de 80.000 usuarios en Venezuela y Colombia, prometiendo rendimientos rápidos. A comienzos de abril suspendió los retiros y los administradores desaparecieron con el dinero.
Estos casos reflejan una combinación peligrosa: desesperación económica, desinformación y ausencia de supervisión efectiva. Muchos ciudadanos invierten sin comprender los riesgos, motivados por la necesidad urgente de ingresos y por promesas de rentabilidad inmediata que resultan ser trampas financieras.
¿Qué sigue para las criptomonedas en Venezuela?
Por ahora, el panorama no ofrece razones para el optimismo. No hay señales claras de reactivación institucional ni iniciativas reales que apunten a una recuperación del sector. El uso de criptoactivos en el país sigue existiendo, pero cada vez más alejado del marco oficial y más ligado a la autonomía individual, donde los ciudadanos exploran alternativas por su cuenta.
Frente a este escenario, la educación financiera se vuelve una prioridad urgente. Más allá de las promesas gubernamentales, los venezolanos deben fortalecer su conocimiento sobre activos digitales, aprender a detectar esquemas fraudulentos y tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus finanzas.
Venezuela, pionera en la adopción informal de criptomonedas en América Latina, parece haber perdido su liderazgo institucional en el área. El futuro del ecosistema dependerá, en gran parte, no de decretos o promesas, sino de la capacidad de la sociedad civil para adaptarse, resistir y construir sobre bases más sólidas.
