La defensa de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, presentó este jueves una moción urgente ante el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para intentar bloquear la recomendación de un año de prisión solicitada por el Gobierno de Estados Unidos.
En un documento de 20 páginas, los abogados de Vázquez Garced piden que se anule el memorando de la fiscalía, alegando que busca imponer una pena injusta por un delito que consideran “una infracción técnica”. La exgobernadora se declaró culpable de aceptar la promesa de una contribución extranjera a su campaña, como parte de un acuerdo con la fiscalía.
El equipo legal sostiene que el Departamento de Justicia está utilizando información del caso original de soborno —desestimado como parte del acuerdo— para justificar la pena máxima, y no debería incluir alegatos de “corrupción” y “soborno”. Además, critican que el memorando mencione gastos de campaña superiores a $620,000, cuando el acuerdo establecía que la infracción se limitaba a entre $15,000 y $25,000.
Los abogados insisten en que Vázquez Garced nunca recibió dinero ni se benefició de los gastos de campaña, y que la promesa de contribución extranjera nunca se materializó. Por ello, consideran que lo apropiado sería una sentencia de libertad probatoria o multa, sin tiempo de prisión, informó Metro PR.
El caso se remonta a agosto de 2022, cuando un gran jurado federal presentó siete cargos contra Vázquez Garced, Julio Herrera Velutini y Mark Rossini por conspiración, soborno y fraude electrónico. Según la acusación original, Herrera Velutini y Rossini ofrecieron dinero y apoyo político a la campaña de Vázquez Garced a cambio del despido de George Joyner, comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
La vista de sentencia contra los tres convictos está programada para el 29 de enero, y será la jueza Silvia Carreño Coll quien decida si Vázquez Garced cumple cárcel o recibe una sanción más leve. Con 65 años, Vázquez Garced se convirtió en la primera persona en ocupar la gobernación de Puerto Rico en ser convicta en un tribunal federal.
