La defensa de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, junto a los representantes legales de los coacusados Julio M. Herrera Velutini y Mark T. Rossini, solicitó una prórroga de 30 días al inicio del juicio federal que enfrentan por un presunto esquema de soborno relacionado con la campaña electoral de 2020.
La solicitud fue presentada el pasado viernes mediante una moción que se hizo pública recientemente, reseñó Primera Hora. En el documento, las partes informan que han iniciado conversaciones con los fiscales federales con el fin de explorar un posible acuerdo que permita evitar la celebración del juicio.
“Las partes han acordado entablar conversaciones de buena fe para resolver este caso en interés de justicia”, señala la moción, que también informa sobre una reunión presencial programada para la próxima semana en Washington D.C., en la que participarán los acusados, sus abogados, fiscales y representantes del Departamento de Justicia.
La defensa argumenta que un acuerdo evitaría la utilización de “tiempo y recursos considerables” por parte del tribunal y las partes involucradas, al evitar la presentación de mociones previas y la realización de un juicio que se prevé extenso.
El juicio está programado para comenzar el próximo lunes 25 de agosto y se estima que se extenderá por unas tres semanas.
Las acusaciones
Según la acusación formal de la Fiscalía federal, Herrera Velutini, banquero ítalo-venezolano, y Rossini, exagente del FBI, presuntamente ofrecieron financiamiento a la campaña política de Vázquez Garced a cambio de que utilizara su posición como gobernadora para influir en la salida del entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly.
En febrero de 2020, Joyner Kelly renunció, supuestamente bajo presión. Posteriormente, Vázquez Garced nombró en su lugar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien, según la acusación, fue recomendado directamente por Herrera Velutini, debido a que la OCIF investigaba al banco Bancrédito, de su propiedad. Se alega que la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar ese nombramiento.
También están implicados en el caso Frances Díaz, expresidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez. Ambos se han declarado culpables y están cooperando con las autoridades, aunque aún no han sido sentenciados.
Posibles consecuencias legales
Wanda Vázquez Garced, quien asumió la gobernación en agosto de 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló, fue arrestada en su residencia el 8 de agosto de 2022 por agentes del FBI. Se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra, que incluyen:
- Conspiración para cometer fraude y soborno
- Soborno con fondos federales
- Fraude electrónico
De ser hallada culpable, la exgobernadora podría enfrentar hasta 10 años de prisión, además de multas que alcanzarían los $750,000 y hasta nueve años de libertad supervisada por los tres cargos acumulados.
