Dos diputados opositores son víctimas de torturas en los lugares donde están recluidos, denunciaron sus abogados. Los afectados son Renzo Prieto y Gilber Caro, ambos miembros del partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López.
La abogada de Caro, Therelys Malavé, manifestó que Yeidi Caro, hermana del parlamentario, contató las condiciones infrahumanas en las que se encuentra en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional en Caracas.
Según el Centro Nacional de Comunicación que recoge la denuncia de Malavé, Caro le aseguró a su hermana “que se está volviendo loco”.
La hermana del legislador le contó a la abogada que el día que pudo visitar a su hermano este “estuvo gritando para que le llevaran agua” porque “hay días que no le llevan comida y otros solo le dan un alimento al día”.
“Gilber ni siquiera se puede levantar (por) completo porque estaba bajo una escalera y desprovisto de luz, agua y comida. Estas condiciones en las que se encuentra claramente constituyen torturas, tratos crueles y le corresponde al Ministerio Público investigar esta situación”, aseguró la abogada.
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Por eso, Malavé señaló como responsable de lo que le suceda a Caro a la juez segunda de control con competencia en materia de terrorismo Hilda Villanueva, “quien tampoco le ha permitido al parlamentario nombrar a sus propios abogados”.
Finalmente, aseguró que, hasta el momento, el diputado no sabe de qué se le acusa ni ha tenido acceso al expediente.
Caro fue detenido el pasado 20 de diciembre, lo que constituyó la cuarta vez que el legislador pisaba una cárcel, si bien la primera no fue por razones vinculadas a su actividad política.
Por su parte, Ana Leonor Acosta, abogada de Prieto, recordó que el parlamentario “está incomunicado, sus abogados no lo han podido ver y además duerme en el piso”.
“Ha estado sin agua y sin alimentos, lo cual ha deteriorado su salud debido a lesiones en su columna causadas durante su primer encarcelamiento”, subrayó la abogada.
Según recordó Acosta, Prieto lleva seis años esperando juicio, mientras que la pena establecida en el delito por el que se le juzga es menor al tiempo que lleva detenido.
El parlamentario, que volvió a prisión en marzo pasado y que está acusado de los delitos de “financiamiento de terrorismo” y “promoción del odio”, ya estuvo preso durante cuatro años.
