La confrontación entre LUMA Energy y el Gobierno de Puerto Rico dejó de ser una disputa técnica para convertirse en un choque frontal por la confianza pública en el manejo del sistema eléctrico del país.
Entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre de 2025, la tensión se disparó tras una serie de movimientos coordinados entre agencias y entidades reguladoras. En apenas 72 horas, LUMA anunció el despido de 160 empleados, el Negociado de Energía (NEPR) exigió explicaciones en un plazo de 48 horas, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) remitió dos cartas formales de incumplimiento y la Cámara de Representantes convocó una vista pública para esclarecer los señalamientos financieros entre la empresa, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el propio Gobierno.
Viernes 17 de octubre: despidos y desmentidos
Ese viernes, LUMA Energy anunció el recorte de cerca de 160 puestos “en casi todos los niveles de la organización”. La empresa atribuyó la medida a una supuesta retención del 70% de los fondos requeridos bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA) por parte de la AEE, alegando que esa falta de liquidez ha “limitado severamente” su capacidad para operar y ejecutar proyectos críticos.
Sin embargo, la respuesta gubernamental no se hizo esperar. El director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón Ortiz, calificó las declaraciones de LUMA como “falsas y temerarias”. A su juicio, el problema fiscal de la empresa “es autoinfligido”. Colón apuntó a un déficit estructural de $431 millones, una tramitación incorrecta de $745 millones en reembolsos federales por huracanes y gastos ineficientes de cerca de $500 millones relacionados con personal “seconded” de sus compañías matrices.
Por su parte, la AEE negó categóricamente haber retenido pagos y acusó a LUMA de ejecutar una “campaña mediática” para desviar responsabilidades. “Este déficit de liquidez no es resultado de fallas de la Autoridad, sino de fallas de LUMA en cumplir con sus obligaciones de facturar, cobrar, mitigar pérdidas y tramitar oportunamente los reembolsos federales”, expresó su directora ejecutiva, Mary Carmen Zapata. La funcionaria recordó que la compensación anual de LUMA asciende a $140 millones, con incrementos automáticos atados a la inflación.
El NEPR enciende la alarma regulatoria
Ese mismo día, el Negociado de Energía (NEPR) advirtió que la reducción no planificada de la fuerza laboral de LUMA constituye un “evento material” con posibles repercusiones en la respuesta a interrupciones, el mantenimiento preventivo y la seguridad de la red eléctrica. El regulador dio 48 horas a la empresa para entregar un informe detallado sobre las funciones del personal cesanteado, el impacto operativo y las medidas de mitigación. De incumplir, anticipó sanciones administrativas y económicas.
Sábado 18 de octubre: las cartas que cambiaron el tono
El sábado, la AAPP elevó el nivel del conflicto al enviar dos misivas al presidente de LUMA, Juan Saca. En la primera, Josué Colón resumió hallazgos discutidos con la Junta de Supervisión Fiscal y Ernst & Young, entre ellos:
LUMA no ha reconciliado alrededor de $750 millones en gastos fuera de presupuesto.
Al menos 70,000 contadores no registran consumo, generando pérdidas millonarias por energía no facturada.
La narrativa de que el Gobierno retiene fondos “no se ajusta a la realidad”: la AEE ha transferido más de $900 millones por encima de los presupuestos aprobados entre los años fiscales 2022 y 2025.
La AAPP exigió a la empresa, a más tardar el 24 de octubre, la entrega de un paquete integral de información: cuentas por pagar y cobrar, proyecciones de flujo de efectivo, compensaciones ejecutivas, gastos publicitarios, inventarios, pérdidas técnicas y no técnicas, y un plan correctivo que detalle medidas concretas para restablecer el cumplimiento contractual.
“El Gobierno no continuará subvencionando ni excusando incumplimientos contractuales, negligencia financiera o mala administración sistémica”, advirtió Colón.
En la segunda carta, la AAPP rechazó el planteamiento de LUMA sobre falta de autoridad para requerir datos financieros. La agencia recordó su mandato de supervisión integral conforme a la Ley 120-2018, la Ley 29-2009, la Ley 17-2019, la Ley 57-2014 y el propio OMA. Si LUMA no entrega la información antes del 22 de octubre, la controversia se elevará como disputa técnica bajo el Artículo 15 del contrato. “Si LUMA persiste en rehusarse… ejerceremos todos los remedios disponibles”, concluye la comunicación.
Domingo 19 de octubre: la Cámara entra en escena
El domingo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, anunció una vista pública para la próxima semana —entre lunes o martes— en la que deberán comparecer, bajo juramento, Juan Saca (LUMA), Mary Carmen Zapata (AEE) y Josué Colón (AAPP). Tendrán una semana para recopilar y presentar la documentación de las transacciones en disputa. “Ese día sabremos quién miente”, sentenció Parés.
La Comisión ha celebrado ya cuatro vistas e inspecciones sobre LUMA en lo que va de año; esta será la primera centrada en las transacciones económicas. Parés recordó que, según testimonios previos, LUMA no tramita correctamente los reembolsos federales por los huracanes Irma y María (2017) y Fiona (2022), además de persistir cuestionamientos sobre las altas compensaciones ejecutivas.
Lo que se juega esta semana
La credibilidad de las narrativas en pugna —falta de pagos vs. mala administración— dependerá de evidencia verificable. Tres hitos marcarán la agenda inmediata:
NEPR: evaluación del informe sobre el impacto de los 160 despidos y determinación de posibles sanciones.
AAPP: plazos del 22 y 24 de octubre para la entrega de información y plan correctivo; de no cumplirse, se activarán los mecanismos de disputa contractual.
Cámara de Representantes: vista pública con declaraciones bajo juramento para dilucidar, ante el país, quién respalda sus alegatos con documentos, presupuestos y reembolsos federales.
