La administración del presidente Donald Trump revocó la autorización de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, intensificando su confrontación con la prestigiosa institución educativa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el jueves la decisión, argumentando que la universidad ha fallado en garantizar un ambiente seguro para estudiantes judíos y ha mantenido supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino.
La medida afecta a cerca de 6,800 estudiantes internacionales que actualmente cursan estudios en el campus de Cambridge, Massachusetts, y que ahora deberán transferirse a otras instituciones o abandonar el país. La acción fue calificada por Harvard como “ilegal” y motivada por represalias políticas.
“Esta acción retaliatoria amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, expresó la universidad en un comunicado.
La decisión proviene de una carta enviada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el 16 de abril, en la que se exigía información detallada sobre estudiantes extranjeros que hubieran participado en protestas u otras actividades consideradas como peligrosas. En su comunicación más reciente, Noem indicó que Harvard podrá recuperar su certificación si entrega, en un plazo de 72 horas, una lista completa de esos estudiantes, incluyendo grabaciones de audio o video en las que aparezcan.
Además de acusaciones de antisemitismo, el DHS afirmó que Harvard ha entrenado a miembros del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, una organización paramilitar china, tan recientemente como en 2024. Esta afirmación se apoya en un artículo de Fox News, que cita a legisladores republicanos.
La revocación afecta directamente la participación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), que permite a las universidades estadounidenses patrocinar visas estudiantiles internacionales.
La acción se suma a otras sanciones recientes impuestas por la administración Trump contra la universidad, incluyendo el recorte de 2,600 millones de dólares en subvenciones federales y amenazas de eliminar su estatus de exención fiscal. Estas medidas han sido interpretadas como parte de una ofensiva más amplia contra la educación superior, las protestas propalestinas y las políticas de diversidad en el ámbito universitario.
El Consejo Estadounidense de Educación criticó duramente la medida. Su presidente, Ted Mitchell, la calificó como un “exceso ilegal y mezquino” que podría disuadir a estudiantes internacionales de buscar oportunidades educativas en Estados Unidos.
