El Gobierno de Puerto Rico dio por concluida la fase inicial de negociación con LUMA Energy sobre las seis disputas contractuales notificadas en julio por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
Con esta determinación, entra en vigor el artículo 15 del contrato de operación de la red eléctrica, que establece un proceso más complejo de mediación y determinación técnica para atender controversias. Según la administración de la gobernadora Jenniffer González, esta etapa forma parte del camino hacia una posible cancelación del contrato con el operador privado.
Un proceso de varias etapas antes de la cancelación
El abogado experto en temas energéticos, Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que el contrato contempla tres fases antes de llegar a una rescisión, reseñó Metro PR.
“El contrato tiene estas tres etapas donde primero se negocia y ahora entran en una segunda etapa donde las partes van a escoger unos mediadores. Los mediadores son interventores neutrales: no deciden, sino que buscan acercar a las partes para lograr un acuerdo”, señaló.
De acuerdo con lo estipulado, LUMA y la AAPP disponen de 30 días para seleccionar al mediador. Si no logran consenso, la designación corresponderá a la Cámara Internacional de Comercio.
Si la mediación fracasa, ambas partes conservan la facultad de cancelar el contrato y, eventualmente, recurrir a los tribunales para litigar.
El director de la AAPP, Josué Colón, no estuvo disponible para reaccionar al proceso.
Diferencia entre disputas técnicas y operacionales
El contrato distingue entre controversias de carácter técnico y aquellas de otra índole.
- En las disputas técnicas, las partes deben referir el caso a un experto independiente, cuya determinación será final y no apelable.
- En las controversias de carácter administrativo o financiero, la resolución recae en los mediadores.
Para seleccionar al experto, las partes cuentan con 10 días. Si no hay acuerdo, el nombramiento lo realizará el Centro Internacional de Resolución Amistosa de Disputas de la Cámara de Comercio Internacional.
Una vez designado, el experto tendrá 60 días para emitir su decisión, con la posibilidad de extender el plazo por otros 60 días.
De hecho, trascendió que parte del pleito ya pasará a manos de un experto independiente, aunque aún se desconoce cuáles controversias serán clasificadas como técnicas.
“Por técnico yo entiendo cuestiones de energía, transmisión y distribución. Sin embargo, las partes podrían incluso decidir que un asunto financiero es técnico”, puntualizó Emmanuelli Jiménez.
Escenario de cancelación y litigio
Si ninguna de las vías de resolución prospera, el proceso podría desembocar en una cancelación formal del contrato con LUMA.
“El litigio vendría cuando, por ejemplo, si el gobierno se atreve a cancelar el contrato. Se notificaría la carta de cancelación y luego se decidiría si acudir a los tribunales. Una vez se cumpla con el proceso de resolución de disputas del contrato, las partes deben definir cuál es el próximo paso. En este caso, el objetivo de la carta original era iniciar el proceso para cancelar el contrato”, concluyó el abogado.
