La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) radicaron una demanda en la Sala de Remedios Extraordinarios del Tribunal de San Juan con la que buscan anular la extensión del acuerdo suplementario que permite a LUMA Energy operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica del país.
El recurso solicita una sentencia declaratoria y un injunction preliminar, argumentando que la extensión firmada el 30 de noviembre de 2022 otorgó a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico y eliminó las facultades resolutorias que correspondían tanto a la AAPP como a la AEE.
“Despojar a la P3 y a la AEE de su facultad resolutoria”
Según la demanda, la extensión del contrato “resultó en otorgarle a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico, despojar a la P3 y a la AEE de la facultad resolutoria que les pertenecía y subordinar el interés público a la mera voluntad del operador privado”, reseñó Primera Hora.
El recurso añade que “el Pueblo de Puerto Rico quedó indefinidamente atado a un contrato con LUMA sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado para proteger el interés público”, permitiendo que la empresa opere “sin métricas de desempeño exigibles” y sin un mecanismo real de rendición de cuentas, lo que ha derivado en “un servicio deficiente”.
Asimismo, los demandantes señalan que la carta de extensión “eliminó la protección resolutoria que le pertenecía a la P3 y a la AEE” y que careció de las aprobaciones estatutarias requeridas, alterando sustancialmente el Supplemental Agreement y consolidando el control de LUMA sobre la operación del sistema de forma indefinida.
Gobernadora solicita intervención del Tribunal Supremo
En un mensaje televisado, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció que presentó un recurso de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el foro atienda los asuntos de derecho e interés público involucrados.
González Colón sostuvo que las acciones legales son “el resultado de un análisis legal riguroso” y afirmó que la carta de extensión es “nula en derecho por haber sido aprobada en violación de los requisitos establecidos por ley”. Expresó que su meta es “restaurar el marco legal que le permita al gobierno de Puerto Rico recuperar su capacidad resolutoria, establecer métricas de desempeño exigibles y encaminar una transición ordenada hacia un modelo de operación… que le responda al pueblo de Puerto Rico”.
LUMA responde: “No nos toma por sorpresa”
LUMA Energy reaccionó mediante declaraciones escritas, afirmando que evalúan la demanda y que no les sorprende la intención del gobierno de invalidar el contrato, advirtiendo además que esta acción podría “incrementar el riesgo de interrupciones eléctricas”.
La empresa destacó que desde 2021 ha trabajado para mejorar el sistema con el objetivo de “brindarles a nuestros casi 1.5 millones de clientes el sistema eléctrico que esperan y merecen”. Añadieron estar “orgullosos del progreso medible” logrado, aunque reconocen que “aún queda mucho por hacer”.
El consorcio atribuyó el fracaso histórico de la AEE a la política y sostuvo que esa misma política “ha resurgido”. Señalaron que no sorprende la intención de invalidar el contrato “sin considerar el progreso real y medible” en áreas como el despeje de vegetación, el reemplazo de postes, instalación de transformadores, mantenimiento de subestaciones, reparación de líneas de transmisión y la inversión de más de $2,400 millones en proyectos financiados con fondos federales.
LUMA advirtió que alterar o invalidar un contrato legalmente vinculante enviaría “un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico” y que podría retrasar proyectos de mejoras, aumentar las interrupciones y afectar los tiempos de restauración.
Finalmente, la empresa aseguró que, aunque no ha recibido un aviso de cancelación, “seguimos firmemente comprometidos con la transformación energética de Puerto Rico” y que no permitirán que “acciones motivadas políticamente” retrasen su labor de restauración.
