La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI San Juan) confirmó este domingo, a través de sus redes sociales, que únicamente el 12% de los migrantes arrestados en Puerto Rico enfrentan condenas por delitos graves.
La agencia federal detalló en su cuenta de X (antes Twitter): “En cumplimiento con la Orden Ejecutiva del Presidente, ICE HSI San Juan ha arrestado a 1,004 personas hasta la fecha. A través de la colaboración con nuestros socios de ley y orden, continuamos cumpliendo nuestra misión de proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad pública”.
De las 1,004 detenciones reportadas, 123 corresponden a casos criminales (12%) y 881 a casos administrativos (88%).
Este panorama contrasta con la línea política del presidente Donald Trump, quien había enfatizado que la prioridad de sus medidas migratorias era la deportación de indocumentados con antecedentes criminales de alto nivel. Sin embargo, las cifras oficiales reflejan que la gran mayoría de los migrantes detenidos en la Isla no enfrenta acusaciones criminales graves.
La tendencia no es exclusiva de Puerto Rico. En jurisdicciones como Florida, registros citados por el Miami Herald y el Tampa Bay Times indican que un número considerable de migrantes permanece en prisión sin contar con historial delictivo en Estados Unidos. En promedio, solo un tercio de los detenidos ha cometido alguna falta, desde delitos mayores hasta infracciones menores de tránsito o reingresos al país tras deportación.
Reacciones y críticas
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico ha expresado preocupación por este patrón y ofreció asistencia directa a los migrantes afectados. Además, instó a los municipios a aprobar ordenanzas que fortalezcan la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes, como ya lo hicieron Aguadilla y Hormigueros.
No obstante, la designación de Aguadilla como “ciudad santuario” le costó al municipio cerca de 250 mil dólares en fondos del programa Operation Stone Garden (OPSG), una iniciativa del Departamento de Seguridad Pública (DSP) que financia a agencias locales y estatales para reforzar la cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
