Un juez determinó que el Estado colombiano incurrió en omisión al no garantizar la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado armado el pasado 7 de junio en Bogotá. Así lo informó su abogado, Víctor Mosquera, tras una audiencia judicial celebrada el domingo.
“En la audiencia del día de ayer (…) un juez de la República (…) determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, la UNP (Unidad Nacional de Protección) de este actual Gobierno”, declaró Mosquera en un video difundido por medios locales.
El fallo judicial considera que el esquema de protección brindado por la UNP al político del partido Centro Democrático fue insuficiente. “No le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad por parte de esa entidad en cuanto a su seguridad”, añadió Mosquera.
El abogado señaló además que la decisión del juez valida las denuncias que el equipo legal de Uribe Turbay ha hecho desde el inicio del proceso. “Es claro que esta decisión judicial evidencia lo que hemos venido advirtiendo como equipo legal de Miguel Uribe. Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato, falta de protección a un líder de la oposición”, sostuvo.
Durante la misma audiencia, se ordenó la detención preventiva de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como uno de los principales coordinadores del atentado en el que Uribe Turbay recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda, mientras participaba en un evento de precampaña en el barrio bogotano de Modelia.
Con Arteaga, ya son cinco los presuntos implicados capturados en la investigación de este atentado, que ha reavivado el temor en Colombia por una posible escalada de violencia política, similar a la vivida en los años noventa, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados.
Críticas a la UNP
La Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, está en el centro de las críticas tras revelarse que, pese a múltiples advertencias, no reforzó el esquema de seguridad del senador.
Según Mosquera, durante 2025 se presentaron al menos 23 solicitudes formales para aumentar la protección de Uribe Turbay, todas desestimadas por la entidad. Tras el atentado, su familia interpuso una denuncia penal contra la UNP por presunta negligencia.
Incluso el presidente Gustavo Petro reconoció irregularidades en la reducción del esquema de seguridad. “La seguridad de Uribe Turbay había sido disminuida extrañamente el día del ataque, de siete a tres personas”, declaró el mandatario, quien además solicitó una investigación profunda del caso.
Actualmente, Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en estado grave. Su situación ha generado conmoción nacional, especialmente luego de que una encuesta reciente lo ubicara como favorito en intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026.
La familia del senador y su defensa continúan exigiendo que se establezcan responsabilidades claras y se garantice justicia en un hecho que marca un preocupante precedente para la seguridad de los líderes políticos en Colombia.
