Tras varias solicitudes —una de ellas presentada junto a la Fiscalía federal— la jueza Silvia Carreño Coll accedió a cambiar nuevamente la fecha de sentencia de uno de los coacusados en el caso criminal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
El beneficiado con la modificación es el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien ahora será sentenciado el 29 de enero de 2026, luego de haberse declarado culpable de un delito menos grave de violación electoral. Su sentencia había sido pautada inicialmente para el 10 de diciembre, luego movida al 8 de enero, y ahora reprogramada para finales de mes. Los cambios se deben a que uno de los abogados de Herrera Velutini recibe tratamientos médicos y no estaría disponible en las fechas anteriores.
Por su parte, los otros convictos en este caso —la exgobernadora Vázquez Garced y el exagente federal Mark Rossini— tienen su sentencia programada para el 8 de enero de 2026, reseñó Primera Hora.
El caso federal contra la exmandataria fue radicado en agosto de 2022.
Según la acusación, Herrera Velutini y Rossini presuntamente le ofrecieron apoyo financiero para su campaña de 2020 a cambio de que la entonces gobernadora utilizara su influencia para remover al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, debido a que la agencia realizaba una investigación contra Bancrédito, propiedad del banquero venezolano.
En febrero de 2020, Joyner Kelly renunció, supuestamente bajo presiones. Tras su salida, la exgobernadora nombró como comisionado a Víctor Rodríguez Bonilla, quien, según la acusación, había sido recomendado por Herrera Velutini. Además, se alega que Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, equivalente a un estudio o encuesta de campaña, a cambio de facilitar ese cambio de mando en la OCIF.
El caso no llegó a juicio porque la exgobernadora, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables de violaciones a leyes electorales, específicamente al Título 52 del Código de Estados Unidos, sección 30121 de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA). Esta disposición prohíbe que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos —en efectivo, bienes o servicios— para campañas federales o partidos políticos con fines electorales.
Como parte del mismo caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos se declararon culpables y colaboraron con las autoridades federales, aunque aún no han sido sentenciados.
