La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno federal a reanudar, de forma temporal, las deportaciones de migrantes a países distintos a sus lugares de origen, mientras continúa el litigio sobre esta política en un tribunal de apelaciones.
En una decisión emitida sin firma, el máximo tribunal accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar una suspensión judicial que impedía dichas expulsiones. Aunque la Corte no ofreció una explicación detallada, las tres juezas del bloque liberal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— expresaron su desacuerdo con la resolución.
La medida representa un revés a un fallo previo del juez federal de distrito Brian Murphy, quien en abril había suspendido las deportaciones a terceros países, argumentando que los migrantes tienen derecho a impugnar sus casos antes de ser expulsados. En mayo, Murphy falló que la deportación de un grupo de migrantes —entre ellos dos ciudadanos cubanos y un mexicano— a Sudán del Sur violaba este derecho fundamental.
Según el juez, las autoridades deben notificar previamente a los migrantes y otorgarles un plazo mínimo de diez días para apelar, conforme a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Incluso si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) considera infundado el temor a ser torturados o maltratados, está obligado a conceder un plazo adicional de al menos 15 días para solicitar una revisión del caso.
Los migrantes afectados permanecen actualmente retenidos en una base militar estadounidense en Yibutí, luego de que su traslado a Sudán del Sur fuera interrumpido por la orden judicial. Sudán del Sur, destino previsto de las deportaciones, es un país empobrecido y afectado por conflictos armados.
Mientras tanto, el caso continuará su curso en un tribunal de apelaciones. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema abre la puerta a que las expulsiones hacia terceros países se reanuden mientras se resuelve el proceso legal.
La jueza Sonia Sotomayor criticó con dureza al gobierno federal, calificando su conducta de “flagrantemente ilegal” y advirtiendo que esta política “expone a miles de personas al riesgo de tortura o incluso la muerte”.
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional celebró la decisión como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”. En un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter), el DHS defendió su postura alegando que la suspensión judicial podría permitir la permanencia en el país de “extranjeros tan peligrosos que ni sus propios países los aceptan, incluyendo asesinos convictos, violadores de menores y narcotraficantes”.
La resolución provisional de la Corte Suprema no cierra el caso, pero sí marca un punto clave en el debate sobre los límites de la política migratoria estadounidense y el respeto a los derechos humanos en contextos de deportación.
