La empresa LUMA Energy solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) la aprobación urgente de nuevos ajustes técnicos en los llamados inversores inteligentes, equipos que regulan la conexión de los sistemas solares a la red eléctrica, según reseñó Metro PR.
Según LUMA, la medida es indispensable para mitigar problemas de voltaje asociados al acelerado crecimiento de la generación distribuida, que ya supera los 165,000 sistemas solares residenciales y comerciales en la isla.
En la moción presentada el pasado 20 de agosto, la empresa afirmó que los cambios permitirían reducir hasta en un 80% los problemas de voltaje que afectan a alimentadores en zonas con alta penetración solar. LUMA advirtió además que, de no aprobarse los ajustes, la red se expondría a violaciones masivas de voltaje que obligarían a realizar inversiones millonarias en subestaciones y líneas de distribución.
Críticas de la industria solar
La propuesta provocó una reacción inmediata de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), que acusó a LUMA de actuar de manera unilateral y sin diálogo con la industria, pese a que el propio NEPR había ordenado un proceso colaborativo para atender este tipo de asuntos.
SESA advirtió que, de aprobarse en sus términos, los cambios podrían limitar la capacidad de los clientes solares de exportar energía y afectar directamente los créditos que reciben bajo el mecanismo de medición neta.
“Cuando el voltaje excede los límites actuales, los sistemas se desconectan e impiden que los clientes exporten energía. Con los ajustes correctos, los inversores pueden permanecer en línea y ayudar a estabilizar la red”, explicó la organización.
El director de Política Pública de SESA, Javier Rúa Jovet, enfatizó a Metro PR que la solución requiere coordinación y no imposiciones:
“Lo que se necesita no es burocracia ni propuestas unilaterales, sino diplomacia. Lo único que hace falta es que LUMA nos llame para sentarnos y trabajar una propuesta en conjunto para la evaluación del Negociado de Energía”.
Como referencia, SESA recordó que en Hawái, un sistema eléctrico con características similares al de Puerto Rico, la empresa de transmisión y distribución trabajó junto con la industria solar y laboratorios nacionales para ajustar los parámetros de los inversores, evitando así desconexiones innecesarias y mejorando la estabilidad de la red sin penalizar a los consumidores.
El debate sobre los inversores ocurre mientras LUMA enfrenta una querella presentada por la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) por el cobro de hasta $300 a participantes del programa de medición neta.
De acuerdo con la OIPC, LUMA ha realizado más de 70,000 “estudios suplementarios” a clientes con sistemas solares sin notificación ni justificación reglamentaria. La oficina solicitó al NEPR que ordene la suspensión inmediata de esos cargos, alegando que fueron impuestos de forma unilateral.
La acción recibió el respaldo de SESA y Solar United Neighbors, organizaciones que catalogaron los cobros como un “castigo” a las familias y negocios que invierten en energía solar con el fin de contribuir a una red más limpia, moderna y confiable.
