El Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) informó que más de 400 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en Puerto Rico en los últimos meses, como resultado de las medidas migratorias implementadas bajo la administración del presidente Donald Trump.
En entrevista con NotiCentro (WAPA Televisión), el agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Yariel Ramos, confirmó que se han realizado 488 arrestos en un periodo de poco más de cuatro meses. De estos, 79 corresponden a arrestos criminales, es decir, personas vinculadas al narcotráfico o que habían reingresado ilegalmente a territorio estadounidense tras una deportación previa.
Ramos explicó que quienes tienen antecedentes criminales “son repatriados sin opción de regular o ajustar su estatus migratorio”.
Además, detalló que se han llevado a cabo 238 inspecciones de cumplimiento, lo que implica la supervisión de centros de trabajo para verificar si están empleando a personas sin autorización legal en el país.
Por otra parte, la directora de HSI en Puerto Rico, Rebecca González, anunció la implementación de un programa de autodeportación voluntaria, a través del cual se otorgará un estipendio de $1,000 a inmigrantes indocumentados que notifiquen su intención de salir del país por voluntad propia.
“El propósito es que esta persona notifique en la aplicación la intención de querer salir del país. Una vez… pone toda la información correcta y sus números de contacto, a través de la aplicación van a recibir una asistencia financiera y van a facilitarles documentos de viaje para que puedan salir”, explicó González en el programa Pegá’os en la Mañana de Radio Isla 1320 AM.
La aplicación móvil CBP One es el medio designado para realizar esta solicitud. Si se aprueba, el proceso de salida se completa en un periodo de 21 días. Sin embargo, González aclaró que “el estipendio no se enviará hasta una vez se confirme que la persona abandonó el archipiélago”. Además, personas con historial delictivo o deportaciones previas no son elegibles para este beneficio.
Según datos provistos por la Casa Blanca, este programa busca reducir significativamente los costos asociados a las deportaciones, que actualmente ascienden a más de $17,000 por persona. Con la autodeportación, el gasto gubernamental podría disminuir en aproximadamente un 70%.
