A menos de 24 horas de los apagones provocados por problemas en el suministro de gas natural, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó dos de tres aumentos en la tarifa eléctrica, lo que encarecerá en promedio $16.25 mensuales la factura residencial a partir del 1 de octubre, según un comunicado oficial.
El organismo aclaró que un tercer aumento relacionado con el uso de combustible más caro, estimado en $2.5 millones debido a la interrupción del suministro de gas natural, fue pospuesto hasta tanto Genera presente más información. “Durante el presente procedimiento de reconciliación trimestral de factores, el Negociado de Energía ha identificado dos situaciones que han afectado la disponibilidad de gas natural y han provocado el uso de combustible más costoso, como el diésel, para la operación de unidades de generación”, indicó el NEPR.
Los aumentos que sí entrarán en vigor corresponden a:
- Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible: $0.12/kWh
- Cláusula de Ajuste por Compra de Energía: $0.04/kWh
- Cláusula de Subsidio de Combustible: $0.02/kWh
Con esto, el costo total por kilovatio-hora será de $0.27507 para un cliente residencial con consumo de 800 kWh.
Según el Negociado, LUMA informó que en el trimestre se registró una insuficiencia de ingresos de $25.7 millones en ajuste por combustible (FCA) y de $9.8 millones en compra de energía (PPCA).
Reacción del sector privado
La decisión del NEPR generó reacciones inmediatas.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Margaret Ramírez Báez, advirtió que el alza encarece el costo de hacer negocios en la isla y reclamó mayor agilidad en la ejecución de proyectos de reconstrucción.
“La primera prioridad para nuestro país debe ser tener un sistema eléctrico que funcione de manera confiable y estable. La energía más cara es la que no está disponible, porque obliga a los comercios a cerrar o a invertir en sistemas de generación propios, algo que no es nuestro negocio principal ni el uso más eficiente de nuestros recursos”, expresó en declaraciones escritas.
Ramírez Báez pidió que las decisiones de política pública no asfixien al sector privado y reiteró que el costo de las pensiones y la deuda acumulada no debe seguir cargándose al sistema eléctrico.
“También creemos que las obligaciones relacionadas con las pensiones y la deuda acumulada deberían asumirse desde el presupuesto general del gobierno, para no continuar cargando al costo eléctrico un lastre que lo hace menos competitivo y encarece injustamente la vida y la producción en Puerto Rico. (…) Finalmente, queremos subrayar que el mayor problema no ha sido la falta de planes, sino la pobre ejecución. Hay fondos de reconstrucción disponibles, pero falta agilidad para utilizarlos bien”, concluyó.
De cara al futuro, propuso abrir el mercado a la competencia y completar el Plan Integrado de Recursos, además de fiscalizar contratos de energía para asegurar costos razonables.
Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, calificó el aumento como “un golpe adicional a la ya frágil estabilidad económica del país”, con efectos directos en los pequeños y medianos comercios.
“Este ajuste no solo afecta directamente a los consumidores residenciales, sino que coloca a nuestros empresarios –especialmente a los pequeños y medianos comerciantes– en una situación aún más crítica, donde cada centavo adicional en costos operacionales amenaza la competitividad, la creación de empleos y la capacidad de sostener sus negocios”, indicó.
Barquín llamó a abrir un diálogo multisectorial para diseñar un modelo energético más justo y robusto:
“No se trata únicamente de pagar más, sino de hacerlo en un contexto donde la confiabilidad y la redundancia del sistema siguen en entredicho. (…) Proponemos abrir un diálogo multisectorial que incluya al gobierno, los reguladores, el sector privado y la academia para diseñar un modelo energético que no sea un obstáculo, sino un verdadero motor de desarrollo”.
