La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR), junto a diversas organizaciones políticas y sociales de la isla, presentó este martes una demanda colectiva contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de anular una controvertida política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Dicha política impide que migrantes detenidos puedan solicitar la libertad bajo fianza.
“La Constitución garantiza a todas las personas dentro del territorio de Estados Unidos los derechos a la igual protección y al debido proceso legal”, afirmó Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado oficial. “La Administración Trump busca reescribir esas protecciones constitucionales, negando audiencias de fianza sin ninguna justificación válida”.
Según denuncian las organizaciones, si esta política se mantiene, miles de personas inmigrantes podrían enfrentar detenciones prolongadas, incluso de meses o años, sin acceso a una audiencia de fianza ante un juez. Esto, advierten, constituye una violación de los principios fundamentales del debido proceso.
La demanda colectiva fue presentada en representación de todos los individuos afectados por esta política en todo el país, y en particular de aquellos que han sido privados de audiencias de fianza en la Corte de Inmigración de Adelanto, California. Los demandantes están representados por la ACLU nacional, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, por sus siglas en inglés), así como los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz.
Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR, señaló que en Puerto Rico la política también ha tenido efectos directos: “Ya ha habido casos documentados de negación de fianza a personas detenidas por ICE en la isla, donde más de 800 inmigrantes han sido privados de libertad”.
El documento legal recalca que todas las personas que se encuentran en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, están protegidas por la Constitución. “La Cláusula del Debido Proceso se aplica a todos, incluidos quienes no tienen su estatus migratorio regularizado”, reitera la demanda.
En respuesta a esta situación, diversas organizaciones locales como Ayuda Social Puerto Rico, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, y Abogados de Inmigración de Puerto Rico, han movilizado recursos legales para brindar asistencia a migrantes afectados por las redadas y detenciones llevadas a cabo desde el retorno del presidente Trump a la Casa Blanca.
