El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) ha emitido una carta abierta a varias autoridades del Gobierno de Puerto Rico, instándolas a tomar medidas urgentes para garantizar la protección y la transparencia en torno a la situación de los menores migrantes separados de sus familias durante los operativos de inmigración. El comunicado fue dirigido a la gobernadora Jenniffer González Colón, la secretaria de la Familia Suzanne Roig, la procuradora de las Mujeres Astrid Piñeiro Vázquez y el secretario de Educación Eliezer Ramos Parés.
Según el FAAS, los operativos de inmigración por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado significativamente en lo que va del año 2025, lo que ha generado inquietud entre las comunidades sociales y educativas de Puerto Rico. La Dra. Migna Rivera García, directora del Programa Graduado de Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, expresó su preocupación por la falta de protocolos específicos que garanticen la seguridad de los menores migrantes durante estos operativos.
“Testimonios de comunidades afectadas y reportes de prensa han señalado que el ausentismo escolar en zonas con alta población migrante supera el 60%. Este hecho refleja el temor generalizado a las deportaciones arbitrarias, así como la desinformación sobre el paradero de los menores que quedan en desamparo cuando los adultos responsables de su cuidado son detenidos”, señaló la Dra. Rivera García.
Exigencias y demandas del FAAS
La carta enviada por el FAAS exige al gobierno de Puerto Rico que informe de manera transparente si existen menores bajo custodia del Estado, que hayan sido separados de sus familiares como consecuencia de las redadas migratorias. Además, se requiere información detallada sobre la ubicación de estos menores, su estado de salud y su situación jurídica, reseñó Metro Pr.
El FAAS también hace un llamado para que se establezca una coordinación efectiva entre el Departamento de la Familia y las autoridades federales de inmigración, a fin de evitar separaciones familiares que violen los derechos humanos. En este contexto, la organización solicitó la inmediata implementación del protocolo establecido en la Ley 57-2023, modificada por la Ley 200-2024, que prioriza la reunificación familiar en todos los casos que involucren a menores.
Asimismo, las organizaciones exigieron la creación de refugios transitorios con apoyo psicosocial para los menores afectados y un canal confidencial para que tanto familias migrantes como personal escolar puedan denunciar casos de separación, abuso o detención de menores.
Derechos Humanos y Tratados Internacionales
Alice Pérez Hernández, coordinadora del FAAS, recordó que Puerto Rico está obligado a cumplir con varios tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También enfatizó que la Constitución local establece garantías para la protección de los derechos humanos, lo que obliga al gobierno a tomar medidas decisivas para evitar cualquier violación de estos derechos.
“No podemos ser cómplices de prácticas que violen la dignidad de los más vulnerables”, expresó Pérez Hernández. “Muchos de estos migrantes han huido de situaciones extremas en sus países de origen, buscando refugio en Puerto Rico ante amenazas que ponen en peligro sus vidas y las de sus hijos”.
La carta también manifiesta el rechazo de las organizaciones firmantes a la reapertura del centro de detención en Aguadilla, una medida anunciada por la directora de ICE en Puerto Rico, Rebecca González, para acelerar los procesos de deportación de personas sin estatus migratorio regular. Según los datos disponibles, aproximadamente el 90% de las personas detenidas en estos operativos provienen del Caribe, en su mayoría de la República Dominicana.
Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, urgió al gobierno de Puerto Rico a publicar un informe detallado sobre la situación de los menores migrantes y activar de inmediato los mecanismos necesarios para su protección.
“La situación de los menores migrantes no puede seguir siendo ignorada. Necesitamos medidas claras y efectivas que prioricen su bienestar”, concluyó la Dra. Rivera García.
La carta fue también firmada por otras figuras destacadas, como la Dra. Alice Pérez Fernández de AgPF, y enviada en copia al cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño; al congresista Adriano Espaillat; a Romelinda Grullón, directora de Casa de la Mujer Dominicana; al comisionado residente Pablo José Hernández Rivera; y a José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos.
