La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) solicitó este martes a la gobernadora Jenniffer González Colón que firme la Resolución Concurrente de la Cámara 193 (RCC 193), aprobada por la Asamblea Legislativa, para eliminar el cobro de $300 a clientes con sistemas de energía solar. Según la organización, el cargo proviene de un reglamento de 2017 que entra en conflicto con la Ley 17-2019 de Política Pública Energética, y LUMA Energy continúa aplicándolo.
Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, señaló que la medida busca proteger a familias y pequeños comercios: “Sabemos que la Gobernadora ha sido firme y consistente en su oposición a nuevos impuestos y cargos a la gente, por lo que la firma de la RCC 193 es fundamental”. La fecha límite para la firma de la medida es el miércoles 7 de enero; de no concretarse, la resolución se consideraría vetada.
La RCC 193 fue aprobada por unanimidad en Cámara y Senado y busca actualizar el Reglamento Número 8915 de 2017, que establece cargos por estudios suplementarios para clientes con sistemas de hasta 25 kilovatios. La exposición de motivos de la resolución indica que estas disposiciones entran en conflicto con la Ley 17-2019, que promueve la adopción de energías renovables y ordena la creación de un reglamento de interconexión actualizado. La RCC 193 también instruye al Negociado de Energía de Puerto Rico a completar este reglamento actualizado y elimina los cargos para sistemas solares de 25 kilovatios o menos.
El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, instó a la gobernadora a firmar la medida de manera inmediata. Explicó que, según datos proporcionados por LUMA, más de 96,000 clientes residenciales están conectados a sistemas solares y podrían verse afectados por este cobro de $300: “No vemos razón alguna por la que se tenga que posponer un trámite sencillo, como es la firma de la primera ejecutiva, en una medida que fue aprobada de forma unánime por ambos cuerpos legislativos”.
Hernández Ortiz recordó que, bajo la Ley 114-2007, conocida como la Ley del Programa de Medición Neta, se estableció como política pública facilitar la interconexión de sistemas solares a la red eléctrica, permitiendo que la energía generada por los clientes sea acreditada en sus facturas. “No puede ahora el Gobierno ni LUMA pretender cobrarle $300 a estas familias por el simple hecho de estar conectados a un sistema de energía renovable”, afirmó.
La aprobación y firma de la RCC 193 representa, según SESA, una acción concreta para garantizar prácticas regulatorias alineadas con la política pública energética de Puerto Rico y proteger a los consumidores de cargos que consideran injustificados.
