Propietarios de sistemas de energía solar en Puerto Rico han denunciado a LUMA Energy por imponerles un cargo de $300 por estudios suplementarios de interconexión que, según alegan, se realizaron sin la debida notificación y sin cumplir con el debido proceso.
La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) presentó una querella ante el Negociado de Energía el pasado 11 de julio, argumentando que las acciones de LUMA “son contrarias a la reglamentación aplicable, y por consiguiente ilegales”. Según la OIPC, el cargo ha sido notificado a unos 32,000 abonados, lo que representaría alrededor de $9.1 millones.
La querella sostiene que las notificaciones “carecen de término alguno” para que los consumidores soliciten reuniones o aclaren dudas, y acusa a LUMA de haber decidido “unilateralmente” realizar miles de estudios antes de notificar. Por ello, la OIPC pidió al Negociado ordenar a la empresa “cesar y desistir” de los cobros en los casos ya facturados.
Organizaciones del sector solar respaldaron la acción. En declaraciones a Primera Hora, Javier Rúa Jovet, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), calificó los cargos como “retroactivos, injustos e incobrables” y sostuvo que “LUMA está actuando sin justificación técnica ni legal… Son cargos ilegales e inexigibles”.
David Ortiz, de Solar United Neighbors (SUN), afirmó que “estas tarifas de $300 castigan a las familias por contribuir a mantener la red eléctrica… El Negociado de Energía debe exigir a LUMA que respete los derechos energéticos de sus clientes”.
En la esfera política, el representante Víctor Parés pidió suspender de inmediato el cobro. “Entendemos la necesidad de estos estudios, pero solicitamos un tiempo para evaluar alternativas que reduzca o evite este cargo”, dijo, al señalar que LUMA se basa en una regla de 2017 que no refleja la realidad actual del sistema solar en la isla.
Hasta el momento, LUMA no ha hecho expresiones sobre el caso. “Nosotros vamos a estar siguiendo el trámite según dispuesto y el procedimiento legal apropiado”, indicó su portavoz, Hugo Sorrentini.
