La Comisión de Gobierno del Senado llevó a cabo una vista pública como parte de la investigación legislativa sobre el cierre de siete Centros de Experiencia al Cliente (CEC) de LUMA Energy en los municipios de Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado. Los centros cesaron operaciones oficialmente el pasado 25 de abril, confirmó Noriette Figueroa, vicepresidenta de Experiencia al Cliente de la empresa.
Durante la audiencia, Figueroa explicó que los cierres responden a un plan de eficiencia operativa y modernización tecnológica. Según indicó, el 90% de las visitas a estos centros eran exclusivamente para pagos de factura, gestión que —afirmó— puede realizarse en más de 900 puntos de pago alrededor de la isla, así como por teléfono, sitio web o aplicación móvil.
No obstante, los centros de Naranjito y San Sebastián mantendrán operaciones limitadas. “Como parte del plan de transición, estos centros mantendrán de manera temporera un empleado asignado únicamente para orientación al cliente”, explicó Figueroa. También señaló que los empleados de los centros cerrados fueron reubicados en otras oficinas según sus preferencias.
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A pesar de los argumentos de LUMA, senadores expresaron preocupaciones sobre la falta de consultas comunitarias antes del cierre y el impacto potencial en poblaciones vulnerables. La senadora Marially González Huertas cuestionó si la empresa tomó en cuenta las propuestas de los alcaldes afectados, a lo que Figueroa respondió que los encuentros con estos se dieron después de oficializarse el cierre.
Por su parte, el senador Toledo López criticó que LUMA rechazó alternativas ofrecidas por los municipios, como el uso gratuito de instalaciones municipales. Además, cuestionó la falta de transparencia sobre la inversión de $2.8 millones anunciada como parte del proceso de transición.
Otro punto crítico de la vista fue la ausencia de información detallada sobre el manejo del desganche de vegetación en la red eléctrica. Aunque LUMA fue citada a comparecer con la persona encargada del programa de “Vegetation Clearing”, esta no se presentó. La empresa tampoco pudo presentar un plan estructurado de mantenimiento.
“Este proceso de evaluación legislativa se ve limitado por la falta de información concreta y de participación de las personas clave”, manifestó Toledo López, quien adelantó que interpelarán a los responsables de los programas de desganche en vistas futuras.
La Comisión de Gobierno continuará el proceso investigativo en busca de mayor claridad sobre las decisiones administrativas de LUMA y su impacto en las comunidades puertorriqueñas.
