La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced radicó en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico una moción informativa con el objetivo de precisar y corregir el expediente judicial en torno a las circunstancias que llevaron a su acuerdo de culpabilidad. La vista de sentencia está fijada para el próximo 26 de agosto.
La presentación responde a una orden emitida el 8 de julio por la jueza federal Silvia Carreño-Coll, quien cuestionó la determinación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar cargos de soborno y fraude contra Vázquez Garced y sus coacusados, reduciéndolos a un solo cargo menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA). En ese dictamen, la magistrada calificó la sanción como “un simple tirón de orejas comparado con lo que enfrentaban antes”, aunque reconoció que la ley limita la capacidad del tribunal para intervenir en las decisiones fiscales.
Según Metro. PR en el escrito de 28 páginas, titulado “Moción informativa para aclarar el expediente respecto a las negociaciones de acuerdo de culpabilidad”, la defensa rechaza que el acuerdo sea resultado de órdenes políticas o favoritismos, argumentando que la determinación se basó en una “investigación metódica” que evidenció la debilidad del caso, llevando a los fiscales a aceptar que la acusación “se había derrumbado”.
El documento sostiene que no hay evidencia de presiones desde altos niveles del Departamento de Justicia. Según se detalla, las negociaciones fueron catalogadas oficialmente como “de buena fe” y orientadas a “resolver el caso en aras de la justicia” y a evitar un gasto innecesario de recursos. Incluso, un funcionario federal habría señalado al inicio que “la acusación no será desestimada”.
La defensa subraya que su investigación —que se extendió por 22 meses— incluyó decenas de entrevistas, revisión de miles de documentos y citaciones judiciales, guiándose por el precedente McCormick v. United States, que requiere probar un “quid pro quo explícito” en donaciones de campaña. Entre los hallazgos, menciona que la destitución del comisionado George Joyner en noviembre de 2019 ocurrió antes de cualquier contacto alegado con el banquero Julio Herrera Velutini, descartando así la posibilidad de un intercambio ilícito.
También recalca que testigos claves negaron que en actividades sociales o reuniones oficiales —como la boda del 4 de enero de 2020 o encuentros en La Fortaleza— se discutieran temas relacionados con Joyner, la OCIF o aportaciones políticas. Un informante del FBI, por su parte, contradijo la teoría de una reunión “crítica” en febrero de 2020, asegurando que no se intentó sobornar a la exgobernadora.
El escrito destaca además que, tras revisar unos 65 millones de documentos electrónicos, el gobierno no halló mensajes o correos que respaldaran las acusaciones. Ante ello, un fiscal de alto rango reconoció que la acusación “ya no era viable”, lo que derivó en las conversaciones para un acuerdo de culpabilidad.
La defensa enfatiza el costo personal y familiar del proceso, afirmando que las imputaciones expusieron a Vázquez Garced y a sus hijas a “acoso, amenazas y ataques en redes sociales” basados en señalamientos falsos de enriquecimiento personal que el propio gobierno admitió no ocurrieron.
Vázquez Garced, Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes en un inicio se exponían a hasta 20 años de prisión por un presunto esquema de soborno para remover a un regulador bancario, ahora solo enfrentan un cargo por recibir aportaciones de origen extranjero a campañas políticas.
“Esto no es una palmada en la muñeca”, concluye la defensa, “sino el resultado de tres años de desgaste y sufrimiento por una acusación que no resistió el escrutinio legal”.
